SOMOS SOCIEDAD Publicado Originalmente en la edición impresa de la revista en Noviembre de 2010

Oro por baratijas: Ley de privatización de semillas

Desde el año 2009 en nuestro país se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que permitiría a las transnacionales tener “derecho de autor” sobre las semillas. Aquí una breve descripción de los principales riesgos que representa su posible aprobación.

Por J. Cristóbal Juffe V.

La palabra “transgénico” ya forma parte de nuestro vocabulario; sin embargo, a la mayoría de nosotros no se nos ha explicado de qué se trata, cómo se crean ni cuáles son los riesgos de estos elementos que ya se encuentran presentes en nuestros campos, en el aire y en nuestra alimentación.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos son todos los seres vivos cuyo material genético (ADN) ha sido modificado para poseer cualidades específicas. Los OGM pueden ser tanto vegetales como animales, pero hasta el momento esta tecnología ha sido usada principalmente en plantas. Por lo general, se toman cadenas de ADN de un organismo con ciertas capacidades que se quieren introducir en la nueva especie y, a través de diferentes técnicas, se insertan en el ADN del organismo huésped para generar una nueva especie.

En un principio, los OGM son especies “mejoradas” con diferentes objetivos, que pueden aumentar la productividad de los campos e introducir características nunca vistas a nuevos alimentos, como por ejemplo, incluir vacunas en verduras de consumo común.

Plantas a medida

El mayor productor mundial de semillas trasgénicas es la empresa estadounidense Monsanto, la que se popularizó en el mundo agrícola durante las últimas décadas especialmente por su herbicida glifosato (conocido por uno de sus nombres comerciales: Roundup) que, básicamente, tiene la capacidad de eliminar a cualquier vegetal que lo reciba.

Fue esta misma empresa la que desarrolló una variedad transgénica de soya que es resistente a este herbicida; de esta manera, se puede maximizar la producción simplemente al plantar la soya OMG y rociar toda la plantación con glifosato, eliminando cualquier tipo de maleza u otros vegetales, excepto a la Soya Monsanto. Esto ha significado un gran avance para los agricultores, ya que disminuye el trabajo humano casi a cero y minimiza los riesgos de inversión. De esta forma, la soya transgénica representa ya en la actualidad la mayor parte del mercado mundial de este vegetal. Y este es sólo un ejemplo de las miles de especies modificadas que existen.

El dilema local

En Chile desde el año 2009 se está tramitando el “Proyecto de ley de obtentores” que permitiría el registro de nuevas especies, dando derechos sobre las semillas al dueño de la licencia. El proyecto de ley ha sido muy debatido no sólo porque otorga un alto poder al dueño de la semilla (como, por ejemplo, los casos en que el agricultor debe pagar por cada plantación, de manera que no es dueño de las semillas que obtiene de su propia cosecha), sino también porque permitiría el registro de las especies nativas. Para ello, la comisión del Congreso ha intentado poner límites a la posibilidad de licenciar las especies que no han sido “mejoradas”; sin embargo, esto sería incompatible con la normativa internacional.

Ley de liberación de los transgénicos 

En Chile no está permitida la producción de alimentos transgénicos, solo de semillas de este tipo para exportación, que ya ocupa el 70% de la producción nacional de maíz, por ejemplo. Sin embargo, se está tramitando la ley de “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” que pretende liberar OGM declarándolos libres de impacto ambiental.

La única forma de evitar que esto ocurra es que la ciudadanía se movilice, ya que las compañías que se encuentran detrás de estos productos son muy poderosas y -como se ha visto en otros países- no tienen ningún pudor ético. Los límites sólo podemos ponerlos los ciudadanos, a través de nuestras exigencias.

Las herramientas son la utilización de las vías democráticas para pedir lo que deseamos a nuestros representantes y el uso de nuestro voto económico: Son compañías, es comercio; si nosotros no compramos lo que ellos venden, no sobrevivirán.

Existe un convenio internacional llamado UPOV 91, el cual Chile se comprometió a respetar al firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos -desde donde surge la necesidad del mencionado proyecto de ley-. Este convenio implica aceptar los registros de semillas o especies que han sido realizados en otras partes del mundo. Esto significa una gran desventaja para nuestro país, puesto que los estadounidenses cuentan de forma indiscriminada con esta capacidad desde los años ’90, de manera que han patentado millones de especies, no sólo las que han sido modificadas o “mejoradas” por las empresas, sino también gran parte de la diversidad natural del planeta. Esto fue logrado en gran medida gracias a los “bancos de semillas”, a los que las empresas accedían haciendo propio todo aquello que no estuviera registrado antes. Es por esto que las empresas tienen a su nombre gran parte de la biodiversidad. Monsanto, por ejemplo, cuenta con más de once mil registros de seres vivos, lo que inevitablemente puede incluir alguna de nuestras especies nativas. En resumen, aquí en Chile no podrían ser registradas nuestras especies nativas, pero en otros países sí, y el convenio nos obligaría a respetar esos derechos.

Claramente, cualquiera que haya gastado sumas millonarias y años de investigación en crear un OGM que represente mejoras, desea poder hacer usufructo comercial de su “producto”, pero en nuestro país ya existen licencias que permiten hacerlo, como se ha hecho históricamente con las especies mejoradas a través de otras técnicas menos invasivas. Justamente el riesgo de la nueva legislación es la gran cantidad de privilegios que se le entrega al dueño del registro, lo que puede acabar en actos abusivos, como ha sucedido en todos los países donde se han aprobado leyes de este tipo.

Principales riesgos

Dejando de lado todo el debate que puede significar a nivel ético la posibilidad de patentar seres vivos, existen varios riesgos a corto y mediano plazo que la utilización de OGM bajo una ley de registro de propiedad conlleva.

Diseminación: A diferencia de cualquier otro objeto que posea una patente, los seres vivos se reproducen, y tienden a hacerlo sin respetar ningún tipo de barrera, especialmente los vegetales. De esta manera, si los cultivos de mi campo se “mezclan” con el OGM, el propietario del organismo transgénico tendrá los derechos sobre mi cultivo, aunque yo no haya intervenido. Asimismo, como no se puede evitar la combinación de ADN, el uso de los OGM tiende a eliminar a las especies nativas o las que se han cultivado de manera histórica, provocando lisa y llanamente la extinción de estas especies.

Monopolio: Los alimentos, al tener un dueño específico, le entregan control absoluto de su uso a éste, favoreciendo la prácticas monopólicas y, lo que es aún más riesgoso, el poder de decidir el precio, el uso y la distribución de los alimentos, quitándole a las personas la posibilidad del auto cultivo.

Monocultivo: Al igual que los grandes textiles mundiales han acabado con la producción local, las grandes compañías de semillas tienden a eliminar las diferentes variedades de vegetales, como ha ocurrido con la soya, favoreciendo el monocultivo y, con ello, la proliferación de plagas y la destrucción de los suelos fértiles.

Otros riesgos de los OGM

Persecución de agricultores independientes 

Dentro del historial de las compañías de semillas OGM, como Monsanto, se observa la persecución de los agricultores que no compran las semillas transgénicas, ya que al dispersarse libremente el polen, permite que germinen plantas con ADN “registrado” en los campos de los agricultores que no han comprado los derechos correspondientes, permitiendo que las compañías realicen demandas legales que terminan eliminando a los agricultores que se niegan al mercado transgénico.

Los organismos transgénicos fueron insertados en EEUU a partir de un principio que ha sido altamente cuestionado por los científicos, a nivel que parece una broma: “El principio de equivalencia sustancial”, que señala que los alimentos transgénicos básicamente son iguales a los que hemos consumido de manera histórica, por lo que no requieren estudios específicos para probar su inocuidad. Es decir, una semilla de soya transgénica cuyo ADN ha sido modificado con una cadena genética tomada de una bacteria, sería lo mismo (ante la ley) que la soya nativa.

Este principio, que es absurdo incluso para los que no somos especialistas en biología, ha demostrado su falsedad con algo tan simple como las alergias, ya que se han detectado nuevas reacciones alérgicas a alimentos transgénicos, puesto que la persona puede rechazar el organismo de origen del que se ha tomado la cadena genética.

Existen, además, cientos de estudios independientes que demuestran los múltiples riesgos de los OGM, como la generación de resistencia a los antibióticos y mayor toxicidad.

La alternativa

Existe, sin embargo, un movimiento para combatir los efectos que está produciendo la agricultura transgénica, y se basa justamente en la agricultura orgánica, que no sólo usa las semillas que no han sido modificadas genéticamente de forma invasiva, sino que además usa plantación, cosecha y distribución lo menos nociva posible para el medio ambiente y para las personas que los consumen, sin utilizar pesticidas tóxicos y sin dañar la tierra.

Es importante recordar que este proyecto de ley no surge de los ciudadanos, sino de la presión del Tratado de Libre Comercio con EEUU, país de origen de las compañías que han registrado gran parte de los organismos vivos de nuestro planeta. Estamos entregando nuestra capacidad de sustentarnos, el fruto de siglos de esfuerzo en el mejoramiento natural de las especies, las bases de la vida misma, por acceder a equipos electrónicos con un leve descuento de impuestos, favoreciendo que nuestro país siga siendo un exportador de materias primas, conservando la inequidad: Nuevamente estamos cambiando oro por baratijas.

1 Comentario

  1. Creo necesario dar a conocer que la firma Monsanto es la dueña de la patente del
    ASPARTAMO, que se vende como endulzante y que tiene contraindicaciones para
    la salud, como Esclerosis Múltiple, Lupus y otros. Se vende libremente en Chile y
    no cumplen con las exigencias del Ministerio de Salud, pero nadie dice nada y sigue
    la venta y consumo de un verdadero veneno. Vea Ud. por sus propios ojos el contenido de las bebidas sin contenido de azúcar .(Light)

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